Cesiones de suelos públicos para otros fines como a REMAR

Cuando se urbaniza una zona o barrio de la ciudad, el legislador ha previsto que cuente con una serie de infraestructuras y suelos para equipamientos. Para que no se convierta en una ciudad dormitorio y sea sostenible las administraciones deben dotarla de un mínimo de servicios que posibiliten a la ciudadanía desarrollar su actividad sin tener que salir.

Los propietarios del suelo de acuerdo a las normas urbanísticas han de dejar un porcentaje del mismo para equipamientos y estos deben estar emplazados en lugares que permitan la accesibilidad a sus habitantes de forma equilibrada. El urbanizador una vez concluida la obra la entrega a la administración correspondiente para que mantenga los viales y preste los servicios que le corresponden.

Cuando adquirimos una vivienda estamos pagando no solo la construcción y el solar sino la parte proporcional de la urbanización y por tanto del suelo que se ha dejado para la prestación de los servicios.

Cuando un Ayuntamiento, por ejemplo el de Zaragoza, cede una parcela para uso social a una entidad privada como es REMAR, está mermando los derechos de su ciudadanía a contar con el equipamiento previsto, y además indirectamente está regalando un suelo que en última instancia han pagado las personas que han comprado las viviendas. Es una estafa.

El ayuntamiento de Zaragoza es el propietario del suelo, lo cedió a Remar en un pleno aprobandolo por unanimidad por todos los partidos habidos en el consistorio, está claro que de espaldas a los vecinos de Rosales del Canal. La participación ciudadana (1) tan cacareada brilla por su ausencia en la mayoría de los casos y si se hubiera informado al barrio antes se hubiera podido evitar la situación.

A pesar del contencioso y de la movilización vecinal los trámites de licencia y construcción han seguido adelante. Queda la esperanza de que con el tiempo el Ayuntamiento enmiende su error y se adquiera el edificio para Centro Cívico.

(1) Artículo 18.- Participación ciudadana. El Gobierno de Aragón estimulará la participación ciudadana en los procesos de elaboración del planeamiento territorial, buscando la colaboración de los diversos agentes sociales e instituciones implicados.